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Empieza una nueva etapa de los eventos en la Ciudad: nació Buenos Aires Ferial

• Se firmó el acta de entrega formal realizada el martes 13 de enero, la Unión Transitoria integrada por Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y Publirevistas S.A.U.
• Ambas asumieron la concesión del Sector Nº 5 del complejo por los próximos diez años y puso en marcha un ambicioso plan de transformación y puesta en valor.

Buenos Aires en Madrid: Jorge Macri llevó la Ciudad a la capital española para emprendimientos en conjunto e impulsar inversiones

• El jefe de Gobierno Feria Internacional de Turismo (FITUR) donde la ciudad volvió a participar con Vist Buenos Aires.
• Además mantuvo reunión políticas con el titular del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Corte de luz hoy en Buenos Aires: mapa de zonas sin servicio y cuándo vuelve

• El apagón masivo comenzó antes de las 15, por la salida de servicio de cuatro líneas de alta tensión de Edenor.
• El reporte actualizado del ENRE.

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Santiago Caputo resiste sin dialogar con Karina y conserva influencia en resortes clave del Estado

La SIDE, la Salud y el respaldo de Javier Milei sostienen al asesor presidencial, aun en medio del avance de la secretaria general. La tregua sellada tras los respectivos ascensos de Vázquez en ARCA y de Wasserman en el Banco Nación.

Santiago Caputo llegó al 2026 en una posición distinta a la que muchos anticipaban pocos meses atrás. Sigue sin diálogo con Karina Milei, sin control del armado político y sin protagonismo en la rosca parlamentaria, pero también sin haber perdido las palancas centrales de poder que construyó desde el inicio del gobierno de La Libertad Acanza. Su resistencia no fue épica ni expansiva: fue silenciosa, defensiva y eficaz. En un oficialismo donde los desplazamientos suelen ser abruptos, Caputo sobrevivió.

Ese dato no puede leerse sin otro, acaso más determinante: la confianza y devoción intelectual que Javier Milei todavía le tiene a su asesor sin firma. Más allá de la interna, de los reproches cruzados y del avance del karinismo sobre áreas clave del Estado, el Presidente nunca habilitó su desplazamiento. No lo expuso, no lo desautorizó y no convalidó una purga. En un gobierno personalista, ese respaldo, aunque sea tácito, sigue siendo una moneda decisiva.

En ese marco, el episodio del Banco Nación suele leerse de manera incompleta. La secuencia, que tuvo lugar en diciembre, comenzó con el ascenso de Andrés Vázquez en Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), una muestra de que Santiago Caputo no solo conservaba poder, sino que estaba en condiciones de reafirmarlo en un organismo estratégico. Ese movimiento fue leído puertas adentro como un gesto de consolidación: en medio del asedio interno, el asesor lograba blindar una de sus piezas más sensibles.

Recién después se conoció la designación de Darío Wasserman en el Banco Nación, hasta entonces segundo en la entidad y hombre del círculo íntimo de la secretaria General de la Presidencia. Más que la salida de Daniel Tillard —que nunca fue plenamente del riñón de Caputo—, ese nombramiento terminó de cerrar el cuadro de una tregua negociada. La lectura puertas adentro fue clara: el asesor aseguraba control en áreas donde el poder es más estructural que político, mientras el karinismo avanzaba en un espacio visible y simbólico. No se trató de una concesión unilateral, sino de un reordenamiento tácito para descomprimir la interna sin escalar el conflicto.

Aquel doble movimiento condensó el nuevo esquema de convivencia. Caputo aceptó el avance de Karina en el Banco Nación, pero blindó sus territorios más propios. En ARCA, lo que en noviembre aparecía como una zona en disputa terminó resolviéndose en sentido inverso: el organismo se reordenó bajo una lógica más centralizada, con un esquema técnico y vertical que responde directamente a su diseño.

El dato más fuerte de esa resistencia, sin embargo, está en otro plano. La permanencia del asesor presidencial en la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) es hoy la señal política más contundente de su vigencia. En un gobierno que reconfiguró el sistema de inteligencia por decreto y convirtió ese terreno en una pieza central de su arquitectura de poder, sostener influencia allí equivale a concentrar lo más preciado: la información. El polémico DNU que reformó el organismo al filo del fin de año y la anterior desginación de Cristian Auguadra como su titularconfirmaron que, aun sin protagonismo público, Caputo logró blindar un espacio históricamente sensible, opaco y decisivo.

Se trata de un control que no estuvo exento de disputa. Según reconstruyen fuentes del oficialismo, en noviembre, Karina Milei estuvo muy cerca de avanzar sobre la SIDE, con la intención de incorporar ese engranaje a su esquema de control político más directo, como hiciera con la Jefatura de Gabinete. Caputo, sin embargo, supo ganarle de mano: logró eyectar a Sergio Neiffert en el momento justo y encapsuló el organismo antes de que la avanzada se concretara. Fue una de las pocas batallas en las que no retrocedió.

Ese dato explica por qué, pese al acorralamiento interno, no hubo avances reales sobre su estructura. La SIDE no fue intervenida ni “normalizada”, como se insinuaba semanas atrás desde el karinismo. Al contrario: quedó protegida y alineada con el esquema que Caputo ayudó a diseñar. En términos de poder real, no hay señal más clara de supervivencia.

Pero si la SIDE es el dato político, la Salud es la caja. Es allí donde el caputismo conserva su principal volumen de negocios y de gestión, como viene contando elDiarioAR. En ese entramado, que se expande a lo largo de todo el conurbano bonaerense y que tiene al PAMI como principal pieza del engranaje, se explica buena parte de la capacidad de resistencia del asesor presidencial. No se trata solo de influencia estratégica o control institucional, sino de recursos, circuitos administrativos y márgenes de decisión que exceden la coyuntura de la interna.

Sin embargo, fortalecida por el resultado de las elecciones de octubre, Karina Milei activó una presión con un objetivo específico: que Move Group, la consultora en la que trabajó Caputo antes de desembarcar en la Casa Rosada, comience a desligarse de los contratos que la vinculan con distintas áreas del Estado. Según pudo saber este medio, el pedido, que no fue formulado de manera pública ni formal, apuntó a desarmar uno de los flancos más sensibles del caputismo: la recaudación.

La señal es doble. Por un lado, la hermana del Presidente busca reducir la exposición del Gobierno frente a eventuales cuestionamientos éticos o judiciales. Por otro, funciona como un mensaje interno: aun cuando Caputo sigue sentado en la mesa política que lanzó Milei en septiembre pasado, hay límites que el karinismo pretende marcar, especialmente en todo lo que huela a intermediación privada con el Estado. No es un desplazamiento directo, pero sí una forma de recorte quirúrgico.

Esa presión convive con la otra paradoja central. En el Congreso, con Martín Menem como vocero más visible, y en el entorno de Karina Milei, se insiste en relativizar el rol político de Caputo, en particular su interlocución con los gobernadores. El mensaje apunta a reducir su peso de cara al debate de las reformas que vienen, del mismo modo en que se subrayó su exclusión de la rosca final del Presupuesto 2026. Marzo asoma como el mes en que la interna puede volver a calentarse.

Así y todo, la diferencia con su situación de noviembre es que el asedio no avanzó. La “guerra fría” con el karinismo no se resolvió, pero tampoco derivó en un desplazamiento. Caputo no fue absorbido ni expulsado: quedó encapsulado. Y mientras Javier Milei siga confiando en él —aunque su hermana lo cerque—, su permanencia en la SIDE, su gravitación en la Salud y su supervivencia política seguirán siendo una pieza estructural del poder libertario, el mismo que hace rato dejó de ser un “triángulo de hierro”.

PL/MG

El caso de Paola Ortíz y las condenas a mujeres pobres por emergencias obstétricas en el país

Paola Ortiz, presa desde hace 13 años tras un parto en avalancha, se vincula con la trascendencia que tuvo la película Belén y con otros procesos judiciales en distintas provincias que exponen la criminalización de mujeres vulnerables por abortos espontáneos o partos abruptos.

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“Vos sos mi abogada feminista, ¿sabés?”, le dice Paola Ortiz a Julia Luna este miércoles 21 de enero.

Paola incorporó la palabra “feminista” en septiembre de 2025, cuando vio los adelantos de la película Belén en el televisor del penal de Bouwer, en Córdoba, donde está detenida desde hace 13 años.

“Sí, Pao. Y te vamos a sacar de ahí”, le responde Luna, al teléfono.

Paola vio las imágenes de la película primero con perplejidad y después se sintió menos sola porque se vio reflejada en Belén. “Lo mío es bastante parecido”, dijo. Asoció el papel de Dolores Fonzi con la abogada que tiene hace 4 años, Julia Luna. 

“Vos sos mi abogada feminista”, le dice una vez más a Luna, quien integra la organización Feministas Católicas por el Derechos a Decidir.

Tras 13 años prácticamente invisibilizado, el caso de Paola, que ingresó al penal con 29 años y hoy tiene 42, tomó alguna relevancia nacional tras la proyección de Belén. Su defensa aprovechó el impacto del film para exponer su historia, una de las cientos que existen en el país con características similares al de Belén.

Criminalización de emergencias obstétricas

El mismo día del estreno de la película, una joven de 18 años, sin saber que estaba embarazada, tuvo un parto abrupto en el inodoro del baño de su casa, en Francisco Álvarez, partido de Moreno, y se desmayó en un charco de sangre.

Horas después despertó en una cama del Hospital de Moreno, en el área de Maternidad, rodeada de bebés llorando. Según denunciaron, médicos le mostraron el feto en una caja y le exigieron que lo reconociera. “Este es tu hijo, reconocelo. Ahora vas a ir presa por matar a tu bebé”, le dijeron a la joven que abría los ojos tras el desmayo.

Sus padres, sumisos, que habían encontrado el feto en el inodoro, siguieron las indicaciones del personal médico y policial. “Corresponde que su hija vaya presa, tienen que prepararse para esa situación”, les advirtió una médica.

El caso llegó a la Campaña Nacional por el Aborto. Una de sus integrantes, Rosana Fanjul, ingresó al hospital. “Tuve que ponerme una campera para tapar la remera de la Campaña porque no me dejaban entrar”, relata. Tras comunicarse con autoridades de la Provincia de Buenos Aires, lograron evitar la detención.

“Los médicos la dejaron internada en Maternidad, junto a otros bebés. Fue una tortura. Ella cursaba el secundario y no sabía que estaba embarazada. A raíz de esto abandonó la escuela y quedó con un cuadro de salud mental muy delicado; hoy está en tratamiento psiquiátrico”, explica Fanjul.

Si bien no existe un número actualizado, una investigación realizada en 2020 por la Campaña junto al CELS, Correpi y otras organizaciones relevó 1.532 mujeres criminalizadas, un 25% por emergencias obstétricas y el resto por abortos espontáneos, casi siempre bajo figuras penales agravadas.

“Son mujeres en extrema vulnerabilidad, acusadas de homicidio agravado por el vínculo partiendo de la premisa de que el feto es persona. Incluso encontramos autopsias falsas: demostramos que no hubo nacimiento con vida”, señala Fanjul.

Tras los casos de Belén y de Patricia Solorza, que murió esposada a una cama por una peritonitis tras cuatro años detenida por un aborto espontáneo, las organizaciones decidieron iniciar el relevamiento.

Libertades logradas y causas abiertas

“Empezamos a recorrer las provincias y logramos la libertad de 20 mujeres que aceptaron nuestra representación”, cuenta Fanjul. Tras la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, identificaron 22 casos más: solo en uno hubo una detención.

Por su parte, Lucía de la Vega, del área de Género y Diversidad del CES, resume los casos de criminilización en situaciones de emergencias obstétricas que les solicitaron intervención en 2025.

“En Santiago del Estero hubo tres casos de criminalización, entre ellos el de Julieta, condenada en 2023 por homicidio agravado y cuya pena fue luego revisada y morigerada por el Superior Tribunal de Justicia”, detalla.

“En la provincia de Buenos Aires, acompañamos el caso de Juana, procesada desde 2020; pese a reiterados pedidos de absolución, el fiscal sostuvo la acusación, el juicio oral ya tiene fecha y hay recursos ante la Suprema Corte por violaciones como el secreto profesional que aún no fueron resueltos”, advierte.

“En Azul, una joven detenida tras una emergencia obstétrica fue absuelta en primera instancia en 2025, pero la fiscalía apeló y la causa sigue pendiente, con una defensa oficial excelente”, destaca.

Paola, 13 años presa

La mañana del 21 de enero, Paola se despertó muy temprano y espero varias horas sentada en el colchón de su celda hasta que habilitaron el horario de las llamadas telefónicas.

“¿Hay alguna novedad?”, la mujer condenada a perpetua preguntó.

“No”, respondió Julia Luna. Junto a Rocío García Garro, es abogada de Paola desde 2022. En 2024 impulsaron un recurso de revisión para que se revea con perspectiva de género su situación judicial, que la responsabiliza desde 2015 –tras un juicio con jurados populares–, por la muerte del bebé que dio a luz el 31 de octubre de 2012.

Esa tarde de octubre de 2012, en la precaria habitación de su ex suegro que le prestaba a cambio “favores sexuales”, Paola tuvo un “parto en avalancha”, es decir, un parto extremadamente rápido con contracciones intensas y sin pausas, que no da tiempo a pedir ayuda. Cuando pudo tocar al bebé tras el parto súbito, el bebé estaba frío. 

–“No hay novedades, Pao”, siguió Luna. A casi dos años de aquel recurso revisión que probaba que la autopsia no pudo confirmar el nacimiento con vida, todavía no hubo respuesta de parte del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba para que se abra el caso Ortíz.

–“Ah...”, dijo Paola al teléfono. 

–“Vos cómo estás?”, quiso saber Luna. Pero Paola no viene bien. En un contexto de hacinamiento y sin higiene personal, no puede recuperarse de lo que ocurrió el 20 de diciembre pasado, cuando vio cómo sacaban el cuerpo incinerado de la compañera con la que compartía la vida cotidiana. La amiga de Paola, según denuncian en esta causa que se sigue investigando y que dejó dos víctimas fatales, estaba asilada en una celda por reclamar por el corte de agua potable cuando se incendió un sector del penal.

Las ideas límites que cada tanto se adhieren a la cabeza de Paola sin embardo dejaron de atormentarla diariamente cuando se inició la campaña por su liberación el 6 de noviembre, al cumplirse un año más de su detención. Sus compañeras la felicitaron y la aplaudieron. Paola se emocionó. “Fue un empujón de esperanza”, dice Luna.

Paola y Belén

A diferencia de Belén que estuvo 2 años presa, Paola lleva 13 privada de su libertad. Si bien ambas fueron criminalizadas y tuvieron una defensa oficial ineficiente, el nombre de Paola sí trascendió a los medios locales que la estigmatizaron. “La tildaron de mala madre mata bebés”, señala Luna.

Paola utiliza su verdadera identidad para reivindicar su historia, tras múltiples difamaciones. “Quiero que mi hijos sepan la verdad”, ha dicho. “Es muy feo que tus hijos piensen que su mamá mató a una persona”.

Antes de la condena, Paola tenía tres hijos que quedaron con el padre y que nunca más vio. Estando presa tuvo dos hijos más. Uno fue dado en adopción sin su consentimiento. El otro logró permanecer con su familia de origen y hoy está con sus tíos paternos.

Otra diferencia entre Paola y Belén es que Belén tuvo una familia que la acompañó y que buscó a Soledad Deza, la abogada feminista interpretada por Doleres Fonzi. Paola no tiene familia que la contenga y Julia Luna, su abogada, conoció su caso de casualidad, a partir de otro trabajo jurídico.

Paola y Julia

“Y cómo pasaste tu cumpleaños”, pregunta Paola al teléfono el miércoles pasado. El cumpleaños de Julia fue el 5 de enero.

“Muy bien, Pao. Gracias”. Más allá de su ex cuñada que fue algunas veces, Julia y Rocío Garro fueron las únicas personas que en 13 años la visitan al penal y la escuchan.

La voz de Paola no se escuchó ni en su propio juicio. “Su voz no está en todo el proceso penal”, advierte Luna, que presenta su caso como la criminalización de una emergencia obstétrica en contexto de pobreza y violencia de género.

“Se usó el hecho de que ya tenía hijos para decir que ‘sabía parir’, cuando sus partos anteriores habían sido hospitalarios. Este fue un parto involuntario y urgente que nunca se investigó”, señala Luna.

En abril de 2024, las abogadas presentaron un recurso de revisión con nueva prueba médica que acredita que se trató de un parto en avalancha y advierte que la autopsia no pudo confirmar el nacimiento con vida. “Si no hay certeza de nacimiento con vida, no hay homicidio”, subraya.

“Vos sos mi abogada feminista”, le dice Paola a Julia desde el penal de Bouwer.

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