Isidro Casanova - Buenos Aires - Códigos Postales Argentinos

Noticias de Buenos Aires

La CGT sale a la calle contra la reforma laboral y tensa la relación con el Gobierno

Con una movilización prevista para las 15 en Plaza de Mayo, la central obrera y los movimientos sociales buscan frenar el proyecto de Milei mientras mantienen el pulso en el Congreso tras una negociación fallida.

La marcha convocada para este jueves por la Central General del Trabajo (CGT) junto a las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) terminará de convertir el debate por la reforma laboral en un conflicto político de alto voltaje para el gobierno de Javier Milei. La concentración está prevista para las 15 en Plaza de Mayo y, según estimaciones sindicales, podría reunir a unas 150 mil personas, en lo que la central obrera ya anticipa como una movilización “muy grande”.

La convocatoria fue creciendo con el correr de los días y sumó a un abanico amplio de actores políticos y sociales. El gobernador bonaerense Axel Kicillof confirmó que acompañará la protesta y calificó el proyecto oficial como un retroceso histórico en materia de derechos laborales. También participarán las organizaciones de jubilados que suelen concentrarse los miércoles frente al Congreso, los organismos de derechos humanos —entre ellos H.I.J.O.S.— y, de manera orgánica, los movimientos sociales. La izquierda, en tanto, se movilizará en paralelo con una columna propia que partirá desde Avenida de Mayo y 9 de Julio y reclamará un paro nacional y un plan de lucha permanente, una instancia que por ahora la conducción cegetista evita formalizar.

La decisión de salir a la calle se tomó pese a que el Gobierno introdujo cambios en el texto original de la reforma. La CGT logró que se retirara el artículo que eliminaba de manera directa las denominadas cuotas solidarias, un golpe financiero que hubiera escalado el conflicto. La semana pasada, el jefe de Gabinete Manuel Adorni había asegurado que cualquier reforma sindical quedaría para una “segunda ley”.

Sin embargo, el resto del articulado del proyecto mantuvo ejes que los gremios consideran regresivos: abaratamiento de despidos, flexibilización de la jornada laboral, debilitamiento de los convenios colectivos, eliminación de la ultraactividad, prioridad de los convenios por empresa, restricciones al derecho de huelga y ausencia de políticas reales para reducir la informalidad.

La central obrera eligió tensar sin romper. Convocó a una movilización masiva, endureció el discurso y amplió el arco de adhesiones políticas y sociales, pero evitó por ahora llamar a un paro general. La conducción mantiene abierta la lectura del texto definitivo y no descarta volver a mover fichas cuando el proyecto avance en el Congreso. En ese delicado equilibrio se inscribe la ausencia de Gerardo Martínez en la presentación del informe del Consejo de Mayo, un gesto que en el mundo gremial fue leído como una señal de desgaste del canal de diálogo con la Casa Rosada, más allá de los intentos oficiales por minimizar el episodio.

Detrás de ese cortocircuito quedó expuesta una pulseada interna en el oficialismo. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, empujó hasta último momento un paquete más disruptivo, que incluía avanzar sin concesiones sobre el financiamiento sindical como símbolo de ruptura con el modelo gremial tradicional. Del otro lado, el ala política del Gobierno advirtió que abrir ese frente podía poner en riesgo la aprobación de la reforma en el Senado y optó por priorizar la gobernabilidad legislativa antes que una confrontación total.

Reclamos abiertos

Este miércoles, en la Cámara alta, la CGT participó finalmente del debate por la “modernización laboral” en el plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y Presupuesto, una reunión atravesada por el escándalo y las tensiones entre oficialismo y oposición. Desde la central obrera habían avisado en un primer momento que no se sentarían a discutir el proyecto hasta después de la marcha. Sin embargo, al mediodía de ayer la agenda cambió y los representantes sindicales terminaron asistiendo a la comisión, en una señal de que la presión callejera convive con la disputa parlamentaria.

Desde los movimientos sociales, el tono es sensiblemente más confrontativo. Esteban “Gringo” Castro, exsecretario general de la UTEP e integrante del Frente Patriótico por la Justicia Social, calificó el proyecto como una “reforma esclavista” y sostuvo que “la esclavitud laboral que propone el gobierno nacional solo puede sancionarse si la avalan quienes traicionan a quienes los votaron como peronistas”. Según Castro, la iniciativa “es anti-justicia social, quita derechos sagrados para las familias trabajadoras y no tiene un solo punto en favor de los informales”.

En paralelo, el Gobierno trabaja para que la jornada de este jueves no derive en un escenario de confrontación directa. Desde el Ministerio de Seguridad, ahora encabezado por Alejandra Monteoliva, aseguran que se aplicará el protocolo anti-piquete y que el operativo será coordinado con la Ciudad, priorizando evitar choques y escenas de tensión, en una marcha que el propio oficialismo admite como políticamente sensible, tanto por su volumen como por el momento en que se produce.

Para la CGT, las CTA y los movimientos sociales, en cambio, la movilización no clausura el conflicto sino que lo inaugura en una nueva fase. Sin paro por ahora, pero con la amenaza latente de escalar el plan de lucha si la reforma avanza sin cambios sustanciales, la calle vuelve a ser el escenario elegido para marcar un límite al Gobierno y condicionar una iniciativa que, sostienen, pone en juego derechos conquistados.

PL/CRM

El Gobierno buscó intimidar la participación a la marcha de la CGT y bloqueó accesos con la Gendarmería

El Ministerio de Seguridad abrió una línea telefónica para denunciar supuestos aprietes. Las fuerzas federales retuvieron micros con manifestantes.

El Gobierno activó una estrategia para frenar la convocatoria de la CGT a la Plaza de Mayo contra la reforma laboral. La punta de lanza fue el Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, que no solo avisó que está activo el protocolo antipiquetes, sino que también buscó intimidar a los manifestantes.

A través de un mensaje en redes sociales, la cartera que dejó días atrás Patricia Bullrich abrió una línea telefónica para denunciar supuestos aprietes para participar de la protesta. “Trabajar es tu derecho. Si te amenazan u obligan a marchar, denunciá al 134”, lanzó el ministerio.

La línea ya la había habilitado Bullrich en su momento, en otras marchas de la CGT o de los piqueteros. Las llamadas pueden ser anónimas y gratuitas. “La libertad no se negocia”, cierra el mensaje oficial.

El Gobierno difundió supuestas amenazas que recibió a esa línea. “Avisale a tu ministra que mañana le quemamos el país entero, íntegro”, dice un mensaje anónimo. “La manifestación debe ser pacífica. Ante agresiones y violencia, nuestras Fuerzas actuarán”, apuntaron desde Seguridad.

En paralelo a la campaña de miedo en redes sociales, la Gendarmería se apostó en algunos accesos a la ciudad de Buenos Aires para realizar controles. elDiarioAR recibió videos de operativos en el acceso Oeste.

Se detuvieron colectivos con manifestantes a la altura de Moreno, mientras agrupaciones sociales que convocan a la marcha aseguran que también hay controles en el puente Pueyrredón.

MC

En el Senado, la CGT rechazó la reforma laboral y pidió frenar el tratamiento exprés

Los tres integrantes del triunvirato coincidieron en cuestionar la filosofía del proyecto del Gobierno y alertaron sobre su impacto social y constitucional. Advirtieron que es “inconsulto, regresivo y contrario a los derechos de los trabajadores”.

La CGT llevó este miércoles por la noche su rechazo integral a la reforma laboral del Gobierno al Salón Azul del Senado, en una exposición que comenzó a las 19 y en la que los tres integrantes de su triunvirato tomaron la palabra para dejar asentada una posición común, pero con matices propios. Frente a senadores de las comisiones de Trabajo y Presupuesto, presidida por Patricia Bullrich, la central obrera cuestionó el contenido del proyecto, el modo acelerado de su tratamiento y la ausencia de un ámbito real de diálogo con el mundo del trabajo.

El primero en intervenir fue Jorge Sola, secretario general del sindicato de Seguros, quien estructuró su exposición desde una crítica de fondo a la “filosofía del derecho” que atraviesa la iniciativa oficial. Sola sostuvo que ninguna ley es neutra y que el proyecto del Ejecutivo expresa una concepción “inconsulta”, elaborada sin convocar ni a los trabajadores ni a los empleadores, los dos sectores que, remarcó, sufrirán de manera directa sus consecuencias.

El dirigente aclaró que la CGT no se opone a la modernización laboral y recordó que los sindicatos llevan décadas negociando cambios a través de los convenios colectivos. Pero advirtió que el problema es el método: una reforma unilateral que no pasó por una mesa de discusión real. En ese marco, subrayó la responsabilidad política del Congreso, al señalar que tanto el Senado como Diputados deberán hacerse cargo de las modificaciones que se introduzcan en las relaciones laborales.

Sola también apeló a los antecedentes recientes para cuestionar la eficacia del enfoque oficial. Recordó que durante el debate de la Ley Bases se incorporaron figuras como los períodos de prueba extendidos, los fondos de cese laboral, la eliminación de multas y la creación del trabajador independiente, medidas que, según afirmó, “no generaron empleo genuino ni formalizaron el trabajo informal”.

Para el triunviro, el problema central no está en la legislación laboral sino en la falta de inversión productiva, y advirtió que el proyecto presenta serios problemas de constitucionalidad por violar el principio protectorio del trabajo y el de progresividad de los derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales.

Luego tomó la palabra Octavio Argüello, quien endureció el tono político y definió el proyecto sin rodeos como una flexibilización laboral “totalmente regresiva”. Argüello sostuvo que ninguna reforma laboral aplicada en la historia argentina generó más empleo y que quitar derechos no es un camino para resolver la crisis del mercado de trabajo. “No se genera más trabajo sacando derechos”, afirmó ante los senadores, y advirtió que la iniciativa deja a los trabajadores “a merced de las necesidades del sector patronal”.

El dirigente camionero agregó que incluso sectores del empresariado observan con desconfianza la reforma, ya que las relaciones laborales se han ordenado históricamente a través de convenios colectivos y discusiones entre partes. En ese sentido, Argüello calificó de “una locura” avanzar sobre derechos conquistados y cuestionó el tratamiento exprés de una ley que modifica más de cien artículos. Además, reclamó abrir un debate profundo, “punto por punto”, y sostuvo que la CGT está dispuesta a discutir los cambios que impone un mundo del trabajo en transformación, pero no a convalidar un recorte acelerado de derechos que, dijo, “compromete la dignidad y el bienestar de los trabajadores”.

El cierre estuvo a cargo de Cristian Jerónimo, secretario general del sindicato del Vidrio, quien puso el foco en la falta de diálogo político y en el impacto social del rumbo económico. El triunviro afirmó que “el trabajo mayoritario y representativo de la Argentina en ningún momento avaló este proyecto” y remarcó que se trata de una reforma regresiva que no aporta soluciones al mundo del trabajo dinámico tal como hoy existe.

El dirigente reconoció que hay cambios en las modalidades laborales y que es necesario actualizar discusiones, pero insistió en que no hay mejor ámbito que una mesa entre trabajadores y empresarios para construir consensos. En ese sentido, Jerónimo cuestionó que el Gobierno nunca haya convocado a un espacio real de negociación y denunció que, pese a haber dicho que el Consejo de Mayo no era vinculante, el Ejecutivo avanzó igual con el proyecto sin el aval del mundo del trabajo. “Demostraron de vuelta que nos han mentido”, sostuvo.

Jerónimo apeló a la responsabilidad de los senadores y senadoras y describió un escenario social crítico: salarios que no alcanzan, familias que no llegan a mitad de mes y una destrucción sostenida de la matriz productiva, con cierre de empresas y pérdida diaria de puestos de trabajo. Rechazó la idea de incorporar a los trabajadores informales a partir de un recorte de derechos y planteó que, si ese es el objetivo, primero debe cuidarse a quienes hoy tienen un empleo registrado. En el cierre, defendió el trabajo como ordenador social y advirtió contra los modelos de alta informalidad, al rechazar explícitamente la idea de “parecernos a Perú”, donde cerca del 70% de los trabajadores está fuera del sistema formal.

Con las voces de Sola, Argüello y Jerónimo, la CGT dejó en el Salón Azul un mensaje político unificado pero con registros propios: la reforma laboral es regresiva, carece de consenso social, vulnera principios constitucionales y se impulsa de manera apresurada en un contexto económico adverso. Horas antes de la marcha convocada a Plaza de Mayo, la central obrera combinó presión callejera y disputa institucional para advertir que avanzar sin diálogo puede profundizar un conflicto social de alcance mayor.

PL

Fracaso del Gobierno para derogar las emergencias: los votos que se dieron vuelta, el costo fiscal y ¿Milei veta el Presupuesto?

El oficialismo perdió el capítulo clave del Presupuesto 2026 que buscaba eliminar las emergencias en universidades y discapacidad, recortar beneficios sociales y blindar el ajuste. La derrota expuso el giro de votos de aliados circunstanciales, relativizó el impacto fiscal del rechazo y abrió la posibilidad de que Javier Milei opte por vetar la ley o volver a gobernar por decreto.

El Gobierno tenía un caballo de Troya en el Presupuesto 2026: el capítulo 11 en el proyecto que se votó anoche en la Cámara de Diputados buscaba derogar las emergencia universitaria y en discapacidad, restringir el régimen de zona fría y eliminar la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares. Toda una declaración de principios de la gestión de Javier Milei, que rechaza el concepto de “justicia social” y avala la idea del ajuste permanente y el sálvese quien pueda.

Pero el oficialismo recibió anoche un golpazo: una mayoría circunstancial de 123 votos en contra superó a 117 votos positivos. La caída del título fue celebrada con euforia por toda la oposición, que además le asestó un golpe a las bancadas que se inclinaron por acompañar al oficialismo.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires –que había negociado Jorge Macri con Diego Santilli–, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos. Pero como esta modificación se incorporó en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.

Los libertarios pagaron caro la ambiciosa jugada de incorporar todas estas medidas en un mismo capítulo y de buscar que se vote en particular por capítulo y no por artículo. Si hubiera optado la segunda estrategia –como propuso en la sesión el jefe del bloque peronista, Germán Martínez–, LLA podría haber salvado la ropa de las pretensiones de sus socios del PRO.

El capítulo 11 cayó porque se dividió el bloque de apoyos que había cerrado a fuerza de billetera en los últimos días. Esta misma semana se conoció que la Casa Rosada había girado ATN a discreción:

• $20 mil millones al peronista Osvaldo Jaldo (Tucumán)
• $12 mil millones al rovirista Hugo Passalacqua (Misiones)
• $11 mil millones al filo libertario Leandro Zdero (Chaco)
• $10.500 millones al peronista Raúl Jalil (Catamarca) 
• $7 mil millones a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), del PRO
• $6 mil millones al peronista Gustavo Sáenz (Salta)

El teléfono de Santilli y la billetera de Luis Caputo alcanzaron para aprobar el Presupuesto en general, pero la manta fue muy corta en el momento clave del capítulo 11. Ese bloque de aliados circunstanciales se dividió: los diputados salteños rechazaron la apuesta libertaria pero los misioneros apoyaron. “Se dieron vuelta un par que eran claves para el Gobierno”, admitieron cerca de Santilli.

Una fuente parlamentaria hizo el cálculo de que los libertarios perdieron tres veces en la Cámara de Diputados y en el mismo semestre el tema Universidades y Discapacidad. 

El rechazo dejó expuesto a los que giraron de manera impresionante, porque varios de esos diputados habían votado, semanas atrás, la insistencia a la ley de emergencia en Discapacidad y rechazado el veto de Milei. 

Anoche los legisladores que cambiaron su voto fueron: 

• Verónica Razzini, que entró por el PRO en acuerdo con el santafesino Maximiliano Pullaro y saltó a LLA. 
• Los misioneros roviristas Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik.
• Los salteños Pablo Outes y Yolanda Vega, ambos del gobernador Sáenz.
• La sanjuanina Nancy Picón, macrista.
• José Luis Garrido, del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Y en el momento de la votación se ausentaron otros que habían votado a favor de la insistencia de la emergencia:

• Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID)
• Álvaro González (PRO)
• Jorge Ávila, sindicalista aliado del gobernador de Chubut, Nacho Torres.

“No estamos en contra de la educación y los discapacitados, pero acceder a eso sería una administración irresponsable”, lanzó esta mañana Bertie Benegas Lynch, que se convirtió en la espada libertaria para defender el Presupuesto 2026, tras la caída en desgracia de José Luis Espert. El legislador dejó flotando en el aire una posibilidad que ya está corriendo en los pasillos parlamentarios: que el Gobierno argumente que el proyecto, sin el capítulo 11, es inviable para el ajuste libertario.

Entonces Milei podría preferir patearlo o hasta vetarlo si lo sanciona el Senado, y volver a gobernar otro año por decreto. “El Gobierno se autorreguló con el equilibrio fiscal, es una obsesión moral, que corresponde a una administración sana”, dijo el diputado.

En la Casa Rosada entienden que ambas emergencias sociales afectan el déficit cero, pero las previsiones de impacto presupuestario no parecen dar ese escenario, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso revelan. La emergencia universitaria significaría para este año que aún no terminó $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PIB. Y el de la emergencia en discapacidad, en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI). 

MC

Diputados dio media sanción al Presupuesto pero el Gobierno no pudo sostener el artículo que derogaba las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario

El oficialismo logró aprobar en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026 con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, pero sufrió un revés al no poder sostener el capítulo 11 (que incluye el polémico artículo 75), que apenas logró 117 votos positivos contra 123 negativos y dos abstenciones.

En una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026, pero sufrió un revés al no poder sostener el polémico artículo 75 que buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

La iniciativa se aprobó en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y fue girado al Senado sin el capítulo XI, que incluía el artículo 75, incluido por la ventana y a último momento por el oficialismo.

La caída del capítulo 11, que apenas logró 117 votos positivos contra 123 negativos y dos abstenciones, fue celebrada con euforia por toda la oposición.

En la votación en general, La Libertad Avanza consiguió sumar a sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otras fuerzas minoritarias vinculadas a distintas provincias.

En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos.

En el último intento del oficialismo para intentar garantizar más la protección del capítulo 11, antes de iniciar la votación en particular, el miembro informante de LLA, Bertie Benegas Lynch había comunicado la decisión de sumar al dictamen dos modificaciones. La primera de ellas refería a agregar un artículo relacionado a la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre “Otras disposiciones” a continuación del artículo 78. De esta manera, la redacción del artículo 79 quedaba así: “Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de la Nación en el marco de la causa ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad cobro de pesos de la Corte Suprema de Justicia 1865/2020”.

También los legisladores oficialistas sumaban el artículo 80 que disponía un aumento de financiamiento para el Poder Judicial por un monto de  $21.347 millones.

Pero como estas modificaciones se incorporaron en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedaron sin efecto.

También se cayó del proyecto la restricción del régimen de zona fría, la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, y una actualización de prestaciones para discapacidad trimestral en base a la inflación, como quería el Gobierno.

La controversia se desencadenó porque el oficialismo incorporó todas estas medidas en el capítulo 11, para condicionar a distintas fuerzas políticas a acompañar todo un paquete de medidas, sin poder pronunciarse a favor o en contra de ellas de manera diferenciada.

“Es una extorsión”, acusó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que advirtió que quienes votaran a favor del artículo 75 estarían “violando la ley de administración financiera”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, explicó el mecanismo utilizado por el oficialismo para blindar el artículo 75, y lo catalogó como una “perversidad”. “Para seguir blindando el artículo 75 siguen metiendo cosas en el capítulo 11 para que el resto no se pueda despegar del artículo 75”, reclamó.

También señaló que se busca condicionar a la Justicia para que “ni se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11 porque sino se les cae el financiamiento al Poder Judicial”. “¡Son unos chantas!”, bramó el santafesino.

Le salió al cruce la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici: “¡Cierren la boca cuando hablan de trampas y que se arreglan cosas entre gallos y medianoche!”. “Dejen de hacer terrorismo, no hay ningún riesgo ni ninguna trampa”, agregó.

Pablo Juliano, de Provincias Unidas, acusó al oficialismo de “recontra cagarse en la gente” y señaló que se podía fácilmente acomodar en las planillas para no perjudicar a jubilados y personas con discapacidad.

Con mordacidad, definió al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, como el “campeón de ubicar artículos a la medianoche y recontra cagarse en la gente”. “Y te ahorrabas el problema de angustiar a la diputada Giudici. ¡Atorrantes!”, lanzó el bonaerense, chicana mediante hacia la legisladora bullrichista.

“Hay crisis de representación porque hay diputados que votaron una cosa hace unos meses y ahora cambiaron el voto”, le enrostró Martínez a los legisladores que “borocotizaron” su voto entregando a jubilados y discapacitados a cambio de distintas concesiones menores.

Momentos después, a la hora de explicar su voto, el diputado santacruceño José Luis Garrido le daría la razón involuntariamente al jefe del bloque peronista.

Garrido aclaró que votaría a favor del capítulo con la salvedad de que no estaba a favor de los artículos que derogaban las leyes de Discapacidad y financiamiento universitario, ni con quitar el régimen de zona fría, pero entre la espada y la pared obraría en ese sentido.

“Las salvedades no te salvan”, se escuchó decirle Cecilia Moreau al santacruceño para que reconsiderara su postura.

Ni lento ni perezoso, Martín Lousteau (Provincias Unidas) advirtió lo anormal de la situación. “Hay muchos que están pidiendo decir que están en contra de algunos artículos en particular y que votan a favor del capítulo”, apuntó.

“Hay algunos que se lavan las consciencias que votaron a favor de esas leyes y fueron a las marchas y ahora se esconden en el presupuesto”, lamentó.

Hasta la radical Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), habitual acompañante del Gobierno, se diferenció en este aspecto.

“No pueden obligar a ningún legislador a votar a favor de algo que no quiere. Y sino nos obliga a votar todo en contra. Esto es extorsivo”, denunció.

Un rato antes de que estallara la polémica, en el último discurso del debate, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió la iniciativa y resaltó como principal virtud el “equilibrio fiscal”, que para el presidente Javier Milei representa “la piedra angular” de su proyecto económico.

“Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Por eso es importante que nosotros apoyemos este Presupuesto”, arengó el cordobés. Al apuntar contra el kirchnerismo, acusó a los diputados de Unión por la Patria de impulsar un presupuesto que “vuelve a generar déficit”. “Este presupuesto le va a generar a los argentinos el país que siempre soñamos. Un país grande, con futuro y prosperidad”, finalizó.

Principales puntos del proyecto del Presupuesto

• Inflación del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026
• Superavit del 1.5% del 
• Crecimiento de la economía del 5%
• El dólar a $1.423 a diciembre de 2026.
• Recursos 148,2 billones
• Gasto total de 148 billones de pesos
• Superávit primario de 2,7 billones de pesos
• El 85% de los recursos se destinan a gastos sociales
• Se destinarán al pago de jubilaciones 65,7 billones de pesos 
• Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.
• Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.
• Consumo privado se estima que aumentará 4,9% 
• Consumo público se incrementará 4,5 %
• Inversiones con un aumento del 9,4%
• En exportaciones se estima un aumento del 10,6% 
• Importaciones se proyectó un incremento del 11,1%

Con información de agencias.

IG