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A 5 años del aborto legal en Argentina, el ajuste de Milei vacía la ley y multiplica las barreras de acceso

El desfinanciamiento de la salud sexual, la falta de datos y las barreras provinciales ponen en riesgo la IVE-ILE y devuelven a las socorristas la centralidad que tenían previo a la ley. “Estamos desbordadas, se nos vino el sistema de salud encima”, denuncian. El caso de Vanesa y el vaciamiento del Plan ENIA.

San Isidro: advierten que no se está garantizando el derecho al aborto en el Hospital Materno Infantil

ENTREVISTA - Cecilia Moreau: “El acceso al aborto está siendo vulnerado, pero no hay un clima social para volver atrás”

El caso de Vanesa grafica con crudeza la situación actual de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en buena parte del país. Catamarqueña de 42 años, de bajos recursos y madre de seis hijos, hoy no sabe con certeza si va a sobrevivir a su embarazo. Tiene una diabetes descompensada que le provoca sangrados, coágulos y dolores intensos. Tras múltiples dilaciones en el sistema de salud, alcanzó las 16 semanas de gestación. Ya le avisaron que no hay medicación para un aborto y fue rechazada en una derivación. La médica le pasó el contacto de las socorristas de esa provincia. “¿Qué me va a pasar?”, se pregunta Vanesa.

Una ley con barreras crecientes

Según un informe del Equipo Latinoamericano de Igualdad y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable sufrió un desfinanciamiento casi total en 2024. Su ejecución representó apenas el 20 % de lo invertido en 2023 y solo el 8 % del nivel de 2021. 

Aunque en 2025 hubo una recuperación parcial, el Presupuesto 2026 consolida un cambio de enfoque que impacta de lleno en la IVE: se eliminan metas de provisión de medicamentos, asesoramiento y capacitación, y se reduce la cobertura de métodos anticonceptivos del 54 % al 34 % de la población.

“En muchas provincias es como si la ley estuviese derogada en la práctica”, afirma Ruth Zurbriggen, socorrista de Neuquén. “Lo más grave es que se suspendieron los fondos para misoprostol y mifepristona y se desmanteló la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva”, agrega Lucía de la Vega, de la Agenda Transversal Feminista del CELS. 

“Ya no hay acceso a la información porque se eliminaron las campañas oficiales y los canales de difusión; el 60 % de las denuncias que recibimos está vinculado a mujeres que no saben cómo ni dónde acceder a un aborto”, señala Lucila Galkin, directora del Área de Género y Diversidad de Amnistía Internacional.

Sin datos, sin política pública

A ese escenario se suma la falta de estadísticas oficiales actualizadas. Desde el cambio de gestión, “no hay datos ni estadísticas ni nada”, advierten desde el CELS, y los últimos registros nacionales son de 2023. “Sin datos, no se pueden evaluar políticas ni comprar insumos adecuadamente”, alertan organismos de derechos humanos. 

La ausencia de información también invisibiliza las barreras de acceso, sobre todo en las provincias con menos recursos. Según las organizaciones territoriales entrevistadas, no hay registros que permitan dimensionar cuántas personas quedan fuera del sistema o deben desplazarse para abortar. “No lo sabemos”, reconocen. Y aseguran que cada vez toman más casos de personas que no pueden acceder a un aborto. 

“En Catamarca, por ejemplo, la IVE dejó de estar garantizada en la Maternidad Provincial; por eso hoy la salud de Vanesa corre riesgo”, advierte Victoria Llarens, socorrista de esa provincia. 

Vanesa sospechó que estaba embarazada una tarde a principios de noviembre, mientras limpiaba una casa en Tinogasta, Catamarca. Sin recursos, consiguió 26 mil pesos prestados para una ecografía. Con diez semanas volvió a la médica, que le recetó una medicación que no pudo pagar. En la tercera consulta le informaron que el equipo de Intervención estaba suspendido por tiempo indeterminado. Las barreras para acceder a un aborto se multiplicaron y Vanesa alcanzó las 16 semanas de embarazo. 

Las barreras para acceder al aborto

Durante 2025 se triplicaron las denuncias por barreras de acceso al aborto respecto de 2024, según Amnistía Internacional. Los principales obstáculos siguen siendo la falta de misoprostol y mifepristona, que el Estado nacional dejó de comprar, y la desinformación dentro del propio sistema de salud, que deriva en recorridos innecesarios y demoras injustificadas. 

El relevamiento también expone consejerías disuasivas, maltratos y uso abusivo de la objeción de conciencia, prácticas que reducen la disponibilidad de prestadores, sobre todo en zonas alejadas. Obras sociales y prepagas replican esas obstrucciones con negativas de cobertura y trabas administrativas.

“En Formosa, por ejemplo, equipos que antes garantizaban abortos hoy se declaran objetores de conciencia”, asegura De la Vega, del CELS. “En muchos casos es ideológico y se envalentonan con el discurso oficial, pero en otros tiene que ver con la falta de insumos, el empeoramiento de las condiciones laborales y el temor a enfrentar problemas legales si algo sale mal. Ser objetor termina siendo más fácil porque es menos trabajo y menos riesgo”. 

La especialista agrega: “Hay menos personal, sueldos deteriorados, más carga laboral. Muchos médicos tienen tres o cuatro trabajos. En ese contexto, la atención se vuelve rápida, fragmentada, y en algunos casos se evitan prácticas que implican más tiempo y responsabilidad, como la atención de abortos”. 

La IVE en las provincias

“La atención depende mucho de la jurisdicción”, explica Galkin, directora de Género de Amnistía. La implementación de la IVE es desigual entre provincias y las brechas se profundizaron tras el anuncio del Estado nacional en el Consejo Federal de Salud de que dejará de ejercer la rectoría sanitaria. “No es lo mismo garantizar derechos en la provincia de Buenos Aires que en Misiones o Santiago del Estero”, advirte De la Vega, del CELS, al remarcar que el lugar de residencia condiciona el acceso.

Entre las provincias más críticas aparecen Misiones, con alta tasa de embarazo adolescente y pocos servicios, y Santiago del Estero, donde los mayores obstáculos se concentran en abortos de segundo trimestre. Problemas similares se repiten en Santa Cruz, San Juan, Jujuy y zonas rurales, donde las distancias, la falta de equipos, la discontinuidad en la atención postaborto y la reducción del programa Remediar provocan mayor desigualdad.  

Vanesa al resguardo de las socorristas

Trabajadora informal, sin estudios primarios completos, sin obra social y sostén de seis hijos y una sobrina, Vanesa es oriunda de Tinogasta, una localidad del oeste de Catamarca, rodeada por cordones montañosos que condicionan la vida cotidiana. Con un clima árido templado, de grandes distancias y escasa conectividad y servicios, su paisaje refleja una identidad andina que, al mismo tiempo, evidencia las dificultades de acceso a la salud.

“La ley fue hecha, sobre todo, para situaciones de vulnerabilidad como la de Vanesa, que creció sin derechos. Ahora el Estado vuelve a fallarle, cuando la ley debería protegerla”, dice Llarens, socorrista de Catamarca, con la voz quebrada. Fue ella quien recibió el caso a partir de la recomendación de la médica que no pudo garantizar insumos y equipo para un aborto.

Según advierten las especialistas, en muchas regiones las organizaciones socorristas están retomando el rol que cumplían antes de la sanción de la Ley 27.610, al hacerse cargo de los casos que el sistema de salud no puede atender. “Estamos desbordadas, se nos vino encima, literalmente, todo el sistema de salud”, alerta Llarens.

“Acompañamos decisiones de aborto, con o sin ley”, resume Zurbriggen, socorrista de La Revuelta de Neuquén . “El derecho al aborto se sostiene todavía porque hay capas de la sociedad que lo cuidan”.

Plan ENIA: el desmantelamiento de una política clave

El Plan ENIA, central para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, también fue desmantelado. Según los especialistas, entre 2017 y 2023 redujo la tasa de fecundidad adolescente en un 58% y permitió al Estado ahorrar US$140 millones al año. 

Actualmente, el Gobierno nacional despidió al 80% del personal y redujo en 85% su presupuesto entre 2023 y 2025. El Equipo Latinoamericano de Igualdad y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierten que para 2026 la ejecución proyectada equivale a menos del 3 % de lo invertido en 2023, junto con la eliminación de metas clave como asesoramientos a adolescentes, capacitaciones en Educación Sexual Integral (ESI) y acciones comunitarias.

“Es una política de descuido hacia niñas y adolescentes”, advierten desde organizaciones territoriales, que recuerdan que obligar a niñas a parir fue considerado por organismos internacionales como un trato cruel, inhumano y degradante. 

“Logró reducir a la mitad la tasa de fecundidad adolescente”, señala Galkin, de Amnistía. “Es lo fundamental por lo que tenemos que pelear para que se garantice porque profundiza las desigualdades y expone a niñas y adolescentes a riesgos físicos y emocionales”, cierra De la Vega.

Al momento del cierre de esta nota, Vanesa había dejado de atender el teléfono a las socorristas de Catamarca, que tenían preparada una denuncia para exigir en la Justicia por su salud. “Tenía que pedirle permiso al marido para seguir con el trámite en la Justicia. Capaz que no la dejó”, lamenta Llarens.

Cecilia Moreau: “El acceso al aborto está siendo vulnerado, pero no hay un clima social para volver atrás”

La diputada massista fue una de las principales impusoras de la sanción de la Ley de Interrumpción Voluntaria del Embarazo y advierte que, durante el gobierno de Mieli, el acceso al aborto "no se está cumpliendo como debería". Moreau señala, sin embargo, que La Libertad Avanza no tiene el número en el Congreso para derogar la ley.

A 5 años del aborto legal en Argentina, el ajuste de Milei vacía la ley y multiplica las barreras de acceso

Cinco años atrás, en el cierre de un debate en comisión en la Cámara de Diputados que tuvo 738 expositores, 15 reuniones y 130 horas de discusión, Cecilia Moreau tomó la palabra y relató, por primera vez, su experiencia abortando en la clandestinidad cuando tenía 16 años. “Yo era una nena y quería tener una vida”, comentó, emocionada, la diputada massista que presidía la comisión de Legislación General durante el gobierno del Frente de Todos y se encargó de conducir, junto a una maltipartidaria feminista integrada por diferentes espacios –Silvia Lospennato (PRO), Romina del Plá (Partido Obrero), Vilma Ibarra y Mayra Mendoza (peronismo)– el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El 11 de diciembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó la ley ILE con 131 votos a favor y 117 en contra. Dos semanas después, la multipartidaria feminista –se hacían llamar “Las sororas”– logró lo que no pudo hacer en 2018: el 30 de diciembre, el Senado sancionó el aborto legal en la Argentina. 

Cinco años después, Moreau analiza la vigencia de la ley durante el gobierno de Javier Milei y cuestiona que el acceso al aborto “no se está cumpliendo como debería”. Denuncia falencias en la distribución de los medicamentos y una ampliación de las barreras en el acceso a la ley. “El no cumplimiento de una ley tiene mil formas de ponerse en práctica”, advierte la ex presidenta de la Cámara de Diputados que, sin embargo, señala que Milei no tiene los votos en el Congreso para derogar la ley.

“No hay un clima social para volver atrás. Es un tema que a Milei no le va a salir gratis, ni siquiera en su bloque”, señala, en diálogo con elDiarioAR. 

–A 5 años de la sanción del aborto, ¿ve posible que el gobierno de Milei logre derogar la ley?

–No tienen margen para derogarla. Fue una ley construida con una fuerte movilización popular, desde afuera hacia adentro del Congreso. Hay temas con los que quedó claro que no se jode. Sin embargo, lo que sí veo es un ataque constante a los colectivos más vulnerables, con los jubilados a los que les rompen la cabeza, las personas con discapacidad a quienes no le quieren cumplir la ley, las personas que padecen enfermedades graves. 

Tenés a un Gobierno que dice que la justicia social es una aberración o que el Estado es una organización criminal. Hay una negación de las desigualdades y un intento de hacerlas invisibles. Y no tengo dudas de que las mujeres y las disidencias somos parte del colectivo que el Gobierno eligió como blanco de ataque.  

–Más allá del Gobierno, ¿ve un clima social que acompañe un retroceso en materia de acceso al aborto? 

–Los derechos se conquistan, la gente los asimila y no se retrocede. Pero sí veo que hay un retroceso en cuanto a la implementación de la ley, que no se está cumpliendo como debería. El Gobierno no está comprando y distribuyendo los medicamentos para realizar la práctica, como el Misoprostol. Tampoco está trabajando en lo más importante que la ley establece, que es la prevención del embarazo no deseado. Le tiró todo a las provincias y las provincias están desdobardadas y denuncian faltante de insumos. El derecho de las personas gestantes a la ILE está siendo vulnerado. 

Hay un informe de Amnesty que dice que, este año, se triplicaron las barreras en el acceso a la ley. Es falta de información, pero también falta de profesionales y problemas de derivación en los prestadores cuando hay objetores de conciencia. El no cumplimiento de una ley tiene mil formas de ponerse en práctica. 

–Después de la victoria electoral de LLA, voceros del Gobierno, como Agustín Laje, empezaron a deslizar que iban a ir por el aborto. ¿Mantienen conversaciones con otras legisladoras que impulsaron la ley sobre cómo estaba la relación de fuerzas?

–Sí, estamos alertas pero con la convicción de que no hay un clima social para volver atrás. El diálogo se mantiene con quienes trabajamos en la ley, como Lospe (por Silvia Lospennato), Myriam (Bregman) y (Karina) Banfi. Es una ley que se construyó de manera muy transversal y consensuada, así que no veo riesgo de derogarla. 

–En tiempos de polarización Milei-anti Milei, ¿es posible reconstruir esa misma alianza multipartidaria?

–Ya lo hicimos para defender a la emergencia en discapacidad, para defender el Garrahan, para defender la universidad pública. Existe un armado transversal para poner límites a los avances contra los pilares que construyeron el pacto democrático, como la salud, la educación pública, y también el aborto. Que es un tema de salud pública. El aborto existió, existe y va a seguir existiendo con o sin ley. El debate siempre fue cómo garantizás el acceso al aborto de manera segura, legal y gratuita para terminar con la desigualdad que generaba muertes. 

–¿Qué implicaría que el aborto vuelva a ser clandestino en Argentina?

–Sería un retroceso tremendo. Volver a la clandestinidad implicaría un grave daño a los derechos de las mujeres, piensen lo que piensen o voten lo que hayan votado. A veces parece que estamos en un tiempo en el que se pueda volver atrás en la consolidación de algunos derechos, la lógica del ‘sálvese quien pueda’, pero las mujeres son las que más resistencia ponen. Y no tengo duda que este es un tema que a Milei no le va a salir gratis, ni siquiera en su propio bloque. 

– Uno de los discursos que más quedó grabado en el debate hace cinco años fue el relato de su experiencia personal con un aborto clandestino, ¿recibe historias de mujeres que pudieron abortar en otras condiciones después de la sanción de la ley?

–Sí, sobre todo por redes sociales. Yo nunca hablo de cuestiones personales, pero en el debate hice un clic y sentí que tenía que contarlo porque yo viví el miedo de la clandestinidad, pese a tener la posibilidad económica de hacer la intervención. Y lo dije porque en ese momento sentí que no iba a ser juzgada por mis compañeras que estaban en contra de la ley. Porque hubo una comprensión final de muchas que, aunque tenían el pañuelo celeste, entendieron que estábamos discutiendo una cuestión de salud pública. Por eso hay que sostenerlo, para que en Argentina, que significó un paso adelante en toda la región, no retroceda en derechos. En ninguno.

MCM/MG

Las petroleras de Vaca Muerta ganan cada vez más pero tributan lo mismo que cuando empezó a explotarse

Los beneficios aumentaron 160% entre 2012 y 2024, pero el pago de impuesto se redujo 3,5% por cómo se computan las inversiones en los balances y por el pago de intereses para financiarse. Claro que la mitad de los préstamos son de las casas matrices de los grupos en el extranjero.

Las petroleras que explotan la roca subterránea de Vaca Muerta ganan cada vez más, pero lo que aportan con sus impuestos a los estados nacional y neuquino se mantiene en los mismos niveles que cuando en 2012 comenzó a explotarse esta formación geológica subterránea. Así se desprende al menos de un informe que presentó este mes la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y que elaboró para ella el economista Gustavo García Zanotti.

“En un contexto de escasez, donde Argentina enfrenta dificultades para incrementar sus ingresos y contener o reducir los niveles de endeudamiento, el análisis de la tributación al sector extractivo adquiere gran importancia”, plantea García Zanotti, economista por la Universidad de Rosario, donde además enseña, doctor en desarrollo económico por la de Quilmes e investigador del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet). “El despegue productivo de Vaca Muerta fue posible debido a importantes inversiones del sector privado y al aporte de recursos fiscales por parte del Estado nacional, como por ejemplo los incentivos fiscales, o las inversiones realizadas por la empresa pública”, recuerda los subsidios al gas que otorgaron los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, así como el camino que abrió YPF en la Vaca Muerta.

“En una primera etapa, los gobiernos de distintos signos políticos promovieron la expansión del sector a través de reformas orientadas a reducir la carga impositiva con el fin de aplacar el riesgo inversor e incentivar la producción, en un contexto de bajos precios internacionales”, recuerda García Zanotti, quien escribió uno de los capítulos del libro El país que quieren los dueños, de Alejandro Bercovich. “Sin embargo, una vez superada esta etapa, y habiéndose recuperado los precios internacionales, el régimen fiscal no se modificó. Esta situación produce problemas desde el punto de vista democrático. Si una decisión política de tal magnitud (como un régimen fiscal especial) se tomó en base a una circunstancia que ya no existe, es legítimo que se reabra la discusión sobre la continuidad, modificación, o revisión de dicha política.”

A partir de los datos revelados por las mismas empresas en sus balances presentados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) o la Inspección General de Justicia (IGJ), Zanotti detectó un fuerte aumento de sus ingresos. Medidos en pesos ajustados por inflación, YPF facturó en 2024 (último balance anual disponible) un 19,5% más que en 2012. Al igual que las demás petroleras principales de la Argentina, se ha concentrado en Vaca Muerta con el correr de los años. El resto de las 15 empresas analizadas y con presencia en esta roca neuquina (la angloholandesa Shell; Pan American Energy, PAE, de la británica BP, los Bulgheroni y la china CNOOC; Pampa Energía, de Marcelo Mindlin; Vista, de Miguel Galuccio; Tecpetrol, del grupo Techint, de Paolo Rocca; Compañía General de Combustible (CGC), de Eduardo Eurnekian; Pluspetrol, de las familias Rey y Poli; la norteamericana Chevron, entre otras) pasaron a ingresar 110,9% más en 12 años, es decir, más del doble (ver gráfico abajo).

Más facturación y más ganancias

No sólo facturaron más. También ganaron más. Las utilidades del conjunto de las petroleras se elevaron 159,5% en términos reales. O sea, si antes ganaban un dólar, ahora su beneficio es 2,60 prácticamente, según el informe La dimensión fiscal del auge de Vaca Muerta, de ACIJ.

“Era esperable que la masa de ganancias creciera porque vienen invirtiendo más. Están invirtiendo mucho, pero hay que ver cuánto derraman en el buen sentido –planteó en la presentación del informe el economista en referencia a las ganancias que distribuyen en la sociedad, no a la contaminación que se manifiesta en sismos, vuelcos de líquidos poluidos y emisiones de gases que calientan el planeta–. Los países están en un transición energetica. ¿Cómo financiarla? En parte con la energía.”

“Hubo pérdida de captación del Estado en las ganancias, ganaron las empresas y los acreedores internacionales que financiaron sus inversiones”, señaló García Zanotti. Es que las compañías tomaron créditos y emitieron deuda (obligaciones negociables) para conseguir los recursos invertidos, y después debieron comenzar a pagar los intereses de esos pasivos. En la gestión de Martín Guzmán como ministro de Economía (2019/2022) se forzó a las firmas argentinas a patear vencimientos hacia adelante ante la falta de divisas, por lo que la carga de intereses bajó en los últimos años, pero García Zanotti vaticina que volverá a subir en la medida en que recientemente han tomado más deuda para seguir expandiéndose.

En el gráfico de abajo se nota el devenir del pago de intereses: subió 300% entre 2012 y 2024, pero en los primeros ocho años había trepado 575% y en los últimos cuatro bajó 40,7%.

“Si aumenta la participación de los acreedores internacionales, disminuyen los impuestos que se van a pagar”, apunta el economista. Claro, los intereses son un gasto, disminuyen las ganancias y, por tanto, la base sobre la que se tributa. Además, más del 50% del financiamiento de las empresas es con préstamos de su casa matriz, con lo que el gasto de la petrolera se transforma en un ingreso del grupo internacional al que pertenece y que no paga impuestos por eso en la Argentina.

El Estado, en cambio, no ganó tanto. “En parte porque quiso estimular la inversión, desde 2013 con rebajas de cargas tributarias. YPF lideró la inversion inicial, pero además hubo rebajas impositivas, el Estado invirtió en infraestructura, en mantener un precio sostén del petróleo”, enumeró García Zanotti en su exposición. El Estado nacional hizo, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner –ahora rebautizado Perito Moreno–, clave para revertir el déficit comercial energético y convertirlo en superávit para solaz de las balanzas fiscal y de divisas en los últimos dos años. Junto al neuquino, puso algo de dinero en rutas, aunque tanto camión circulando por allí las destruye.

El Estado subsidió el desarrollo de la explotación, abrió camino con YPF e invirtió en infraestructura, desde las maltrechas rutas hasta el gasoducto clave para dar vuelta la balanza comercial energética

“La recaudación estatal nacional, provincial y municipal se mantuvo estancada”, alertó García Zanotti en la presentación. En su informe, sostiene: “Si bien las provincias productoras, en particular, Neuquén, se beneficiaron por el incremento de las regalías, el Estado nacional experimentó una merma en su capacidad recaudatoria, quedando relegado en el reparto del valor generado”. Vaca Muerta también abarca una pequeña parte de Mendoza y Río Negro. En los dos gráficos adjuntos se nota cómo las subvenciones treparon 180% en el caso de YPF de 2012 a 2015 y 160% el resto de las firmas de 2012 a 2016, pero fueron ajustadas por el gobierno de Mauricio Macri desde 2017, subidas y bajadas por el de Fernández. En 2024, representaban 25% más que en 2012, pero alrededor del 85% menos que cuando tocaron su techo hace diez años aproximadamente.

“Los subsidios fueron clave cuando había más riesgo inversor. Hoy ya no tanto subsidio porque se entiende que el sector ya despegó”, razonó el economista. En 2015, el 10% de la facturación de YPF venía de las subvenciones. En 2016, el 29% de lo que ingresaba PAE y en 2020, el 42% de Tecpetrol y el 44% de CGC, según el reporte. “En Tecpetrol, de 2018 a 2021, los subsidios más que duplicaron los recursos fiscales pagados”, añadió el experto.

Mientras, el pago de impuesto se redujo 3,5% desde 2012 hasta 2024. Pagan menos gravámenes porque están invirtiendo y eso se computa como gasto distribuido a lo largo de los años y por el pago de intereses, según explicó García Zanotti.

“La Argentina es el país que menos renta petrolera factura”, advierte el especialista. “En Argentina, la necesidad de abrir el debate sobre la política fiscal choca contra varias barreras. Una de ellas son los problemas que enfrenta la sociedad civil para acceder a la información sobre cómo se distribuyen los beneficios que genera la actividad. Los recursos hidrocarburíferos son no renovables, lo que plantea la necesidad de diseñar esquemas fiscales que permitan construir una transición energética justa”, concluye el documento.

AR/MG

Gaza, palabra prohibida

El juez Daniel Rafecas elevó a juicio oral una causa contra la dirigente trotskista Vanina Biasi, originada en su denuncia del "genocidio" en el territorio palestino por parte de Israel. Tutoría judicial del lenguaje en el país cuyo Presidente agravia, insulta y amenaza a personas con total impunidad

Comodoro Py cierra el año con un movimiento que contradice la presunción generalizada de que se transformó en un lodazal inoperante, imposibilitado de que una causa avance en un lapso menor a un lustro. La mala noticia es que el mecanismo, que resolvió en poco tiempo la instrucción, una disputa por competencia jurisdiccional y decisiones en sentido opuesto en diferentes instancias, se activó para una causa que pugna por el liderazgo en su listado de desmanes jurídicos.

El viernes, el juez federal Daniel Rafecas dio por concluida la instrucción de la causa caratulada “Biasi, Vanina Natalia s/inf. art. 3 de la ley 23.592” y envió a juicio oral a la legisladora de la Ciudad, tras procesarla por presunta incitación al odio religioso.

El caso se originó en una serie de posteos en X de Vanina Biasi, empleada no docente de la UBA, exdiputada nacional, militante del Partido Obrero (PO) e integrante del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

Semanas después del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando ya se había desatado la respuesta de Israel que terminaría en el asesinato de más de 70.000 gazatíes, Biasi publicó textos como los siguientes.

“El estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología y entiendo que a un propagandista de un Estado terrorista, genocida y asesino de niños le moleste leerlo, pero sus patoteadas no me van a silenciar”.

“Sigue la masacre del pueblo palestino. Sigue el silencio cómplice del poder económico y mediático. Sionismo es genocidio. Sionismo es apartheid. Sionismo es la construcción de una narrativa mentirosa en la que el ocupante es víctima y el ocupado victimario”.

Al fiscal Carlos Stornelli le parecieron mal esas expresiones, vio delitos consumados y radicó una denuncia, que arribó al juzgado de Rafecas el 29 de noviembre de 2023.

En la elevación a juicio de la semana pasada, Rafecas reprodujo casi todo el texto original del fiscal, pero tuvo la precaución de omitir un párrafo: aquél que citaba a “Sergio Pikholtz, vicepresidente segundo de la DAIA, quien, entre otras cosas, expresó: ‘Vanina Biasi será recordada como una de las máximas instigadoras del nazismo en la Argentina desde el comienzo de la democracia moderna hace 40 años’”.

La única persona citada como autoridad validante en la denuncia de Stornelli —Pikholtz— se volvió un problema poco después, cuando opinó en redes que “no hay inocentes civiles en Gaza, tal vez los niños de menos de cuatro años. Sin piedad con los asesinos de judíos”. El alto dirigente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) no hizo más que reproducir un discurso arraigado en ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu y en medios y redes de Israel y Argentina. De todas formas, la explicitación de esa idea inhumana y supremacista por parte de una autoridad de la DAIA, al tiempo que morían decenas de niños palestinos por día bajo las bombas israelíes, fue demasiado incluso en el contexto de la era Milei, que porta a la crueldad como bandera. Pikholtz fue relegado y, dos años después, Rafecas, con buen tino, prefirió disimular la autoría intelectual de la denuncia que le tocó investigar: ni lo mencionó en el texto que concluye su actuación.

El titular del juzgado 3 en lo criminal y correccional federal imprimió una inusitada celeridad al expediente, incluso para sus propios estándares, pese a que no es de los más lentos ni forma parte de los jueces y fiscales que actuán como si fueran digitados por los servicios de Inteligencia, el Grupo Clarín y/o el chasis de la “mesa judicial” que instauró el macrismo en la última década, camarilla que quedó retratada en la inolvidable excursión a Lago Escondido.

El centro del debate en el expediente contra Biasi pasó a ser si la acusación al “sionismo” de “nazi” y perpetrador de un genocidio constituía un acto antisemita.

Pikholtz fue relegado y, dos años después, Rafecas, con buen tino, prefirió disimular la autoría intelectual de la denuncia que le tocó investigar: ni lo menciona en su último texto.

La dirigente del PO expresó en múltiples oportunidades dentro y fuera de la causa su rechazo a los agravios antijudíos, pero reivindica su oposición al sionismo, que es un movimiento de autodeterminación nacional en “el Monte de Sion” (Jerusalén), nacido en siglo XIX y coronado en 1948, pocos años después del Holocausto. Como la deriva posterior significó la ocupación de los territorios palestinos en un régimen que Human Rights Watch y Amnesty International califican como apartheid, y se repitieron matanzas en Gaza y Cisjordania, a veces en represalia por ataques terroristas, para la izquierda trotskista y mucho más allá, el sionismo es inescindible de lo que haga el Estado de Israel.

Para quien escribe, esa identificación es a todas luces errónea e injusta. Por empezar, porque hay sionistas dentro y fuera de Israel que denuncian el genocidio perpetrado en Gaza desde octubre de 2023. Más de un tercio de los judíos de la ciudad de Nueva York, muchos de ellos sionistas, votaron por el demócrata de izquierda Zohran Mamdani como alcalde, quien denunció repetidamente la masacre en el territorio palestino. Se trata de un principio elemental. Una cosa es el nacionalismo israelí, argentino o guatemalteco, y otra cosa es lo que hagan los gobernantes y los militares en su nombre.

Los ejemplos de israelíes sionistas, sobrevivientes del Holocausto o sus descendientes que expresan solidaridad con las víctimas de Netanyahu y sienten ofendida la memoria del pueblo judío son numerosos, algunos muy notables. Entre ellos, Omer Bartov, profesor de Estudios del Holocausto y de Genocidio en Brown University, exsoldado del Ejército israelí, quien escribió en julio pasado en una columna en el New York Times: “Es una conclusión dolorosa, a la que me resistí todo lo que pude. Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino”.

Salta a la vista

El paso del tiempo no favoreció la ofensiva contra Biasi. Los muertos palestinos, que a fines de 2023 eran miles, pasaron a ser decenas de miles, y llegarían a centenares de miles por la crítica situación humanitaria en Gaza, según proyecciones académicas de universidades europeas y estadounidenses. La palabra “genocidio” comenzó a ganar terreno y llegó a la boca del papa Francisco, académicos como Bartov, organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, gobernantes como Gabriel Boric y Pedro Sánchez, y expertos de máximo nivel que elaboraron un informe para el Consejo de DDHH de la ONU. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y la Corte Internacional de Justicia tramita una causa contra el Estado de Israel bajo la figura de genocidio.

En todo caso, la acepción de sionismo, si Israel comete o no un genocidio, si los palestinos no merecen un Estado hasta que no repudien unánimemente los actos terroristas de las Brigadas Al Qassam de Hamás o si los palestinos o los judíos deben ocupar todo el territorio “desde el río hasta el mar” —lo que supone la no existencia del país del otro— forman parte de debates políticos, que pueden ser altisonantes o agresivos, pero legítimos. El límite debería ser el derecho internacional. Sobran expresiones de líderes árabes que rechazan la mera existencia de Israel como país, sin ningún reconocimiento de derechos a sus diez millones de habitantes. También ocurre lo contrario: políticos israelíes que llaman a terminar de ocupar Gaza y Cisjordania, e impedir para siempre la creación de un Estado palestino. Salta a la vista una diferencia. Esto último está ocurriendo.

El expediente contra Biasi transcurrió entre argumentos, testigos y amicus curiae que apuntaron que ser antisionista equivale a ser antisemita, y quienes defendieron el derecho a denunciar un genocidio.

En paralelo, surgió otra causa, que esta vez tuvo a Biasi como denunciante. En las semanas siguientes al ataque de Hamás, la entonces diputada nacional recibió unas 250 amenazas de muerte. Gran parte de los mensajes recibidos fueron proferidos por alumnos adolescentes que incorporaron su número a la fuerza a chats grupales, a veces con sus padres.

Uno de los mensajes recibidos:

“Antisemita Hdp,”Ojalá te mueras con los árabes“, ”Basura“, ”Te van ir a buscar“, ”Forra“, ”Hija de puta, negra de mierda, la concha de tu hermana, puta barata, palestina hija de puta, chupame bien la poronga hija de puta. Te voy a re cagar a tiros hija de puta, puta barata. Chupamela y haceme un pete puta del orto. Te voy a tirotear y te voy a descuartizar la cabeza hija de puta“.

El autor de este texto emitido el 10 de octubre de 2023 por la noche fue el empresario textil Marcos Ezequiel Attar Cohen, entonces de 27 años. Fue condenado a realizar en probation los cursos “Discriminación, un problema social que nos convoca a todos” y “Comportamiento ciudadano”, y a pagar $100.000.

Rafecas procesó a Biasi por inicitación al odio en abril pasado, semanas antes de la elección a legisladores de la Ciudad, para las que la dirigente trotskista encabezaba la lista del FIT. Una fuente con acceso al expediente explicó que los dichos de Biasi “prácticamente estaban instigando un nuevo atentado antisemita”, una hipérbole imaginativa que parece reflejar la debilidad del procesamiento.

En agosto, antesala de las legislativas de la provincia de Buenos Aires, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia —camaristas puestos en comisión por Mauricio Macri— junto a su colega Mariano Llorens, ratificaron el procesamiento. En octubre, el mismo tribunal dispuso que el expediente debía ser tratado en la Justicia ordinaria de la Ciudad (no federal), pero la semana pasada, la Cámara de Casación Federal ordenó lo contrario. Con la “instrucción” concluida, Rafecas decidió habilitar el juicio oral.

Parecido y diferente

De Stornelli, el denunciante original, no hay mucho por agregar. Hace años que sus decisiones parecen una huida hacia adelante motorizada por los presuntos delitos que cometió, como tentarse con plantarle droga al ex de su actual pareja o hacerle una cámara oculta a un abogado defensor con fines extorsivos. Cabe reforzar el adjetivo “presunto” porque la camarilla de Comodoro Py fue implacable para enterrar cualquier posibilidad de investigación que afectara a uno de sus principales miembros.

Tampoco es necesario abundar sobre el fiscal asignado a investigar la denuncia contra Biasi, Eduardo Taiano, el mismo que estaqueó el expediente de la estafa $LIBRA que involucra a los hermanos Milei, y mantiene con respirador artificial la causa por el suicidio de Alberto Nisman, impedido de avanzar por sus propios desmanejos

La trayectoria de Rafecas es distinta. No sólo sería un error ubicarlo dentro de la trama más sórdida de Comodoro Py, sino que padeció la artillería que ahora celebra sus decisiones. Fue uno de los jueces de primera instancia más incisivos y eficientes en las causas de lesa humanidad durante la última década. En sus decisiones, profundizó en la vertiente que estudia los nexos teóricos y procedimentales entre el terrorismo de Estado en Argentina y el Holocausto.

Diez años atrás, cuando demostró con argumentos contundentes que la denuncia de Nisman contra Cristina por supuesto encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA constituía un engendro mal elaborado, Rafecas fue puesto en la mira por el Grupo Clarín, la DAIA y la Asociación Empresaria Argentina. El diario La Nación publicó solicitadas a repetición en su contra, encabezadas por la firma Saguier.

No existen en democracia tutores de las palabras, puesto que se autoasignó Rafecas.

Pasó el tiempo, el juez reparó diferencias con la DAIA, se dejó halagar en actos públicos; salió de la mira de Clarín y La Nación; administró los tiempos de las causas sensibles —signo de identidad de Comodoro Py— y soportó la oposición de Cristina a su designación como procurador general, en el marco de la pelea entre la entonces vicepresidenta y Alberto Fernández.

Así recompuso su imagen hasta que llegó al punto de que de su firma salió un procesamiento con argumentos pueriles y el ocultamiento del mentor de la denuncia —Pikholtz— contra una dirigente que denunció el presunto genocidio en Medio Oriente.

Desde el punto de vista de la libertad de expresión, resulta irrelevante si un fiscal, un juez o un periodista aprueba el uso de determinados términos. Se puede polemizar con el abordaje de Biasi sobre Gaza, pero no existen en democracia tutores de las palabras, puesto que se autoasignó Rafecas.

Subyace un fin último, con seguridad, el más importante.

En pocos países como Argentina hubo tal silencio ante la matanza en Gaza, definido por historiadores como el primer genocidio constatado en tiempo real a través de las redes sociales. Los dirigentes políticos que denuncian lo mismo que Bartov o Francisco son contados. A saber: los legisladores del FIT, algún kirchnerista que compensa con otro en sentido contrario, Juan Grabois, el exPRO Nicolás Massot y pocos más. En el peronismo prima el silencio, mientras que, en la derecha y la ultraderecha, la adhesión a Netanyahu y Donald Trump es una prueba automática de identidad.

Así, queda consumada una paradoja. En un país cuyo Presidente agravia, insulta y amenaza impunemente, con frecuencia diaria, a personas por su ideología (“zurdos de mierda, los vamos a perseguir”), a determinados trabajadores (“no odiamos lo suficiente a los periodistas”), a familiares de desaparecidos (Lemoine, su maquilladora, se rie de quienes fueron arrojados al río); trata como subhumanos a quienes se oponen a sus políticas, expresa misoginia sin inhibiciones, discrimina a los musulmanes y todo aquel que no forme parte de lo que entiende como Occidente y atribuye perversiones a los gays (“son pedófilos”), Rafecas elige llevar a juicio a una de las pocas voces del espacio público que nombra la palabra Gaza.

SL

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Milei 2025: el ruido de fondo detrás de la destrucción

Desde un encuentro casual con un mozo argentino en los Alpes italianos, el autor reflexiona sobre los “conversos” políticos, la apatía social frente al ajuste libertario y el paralelismo con Ruido de fondo, de Don DeLillo, para interrogar hasta qué punto una sociedad puede acostumbrarse a su propia destrucción.

Estoy en Cervinia, un resort de esquí en el norte de Italia, a unos ochenta kilómetros de Torino. Ya en las primeras veinticuatro horas me encontré con un compatriota (estamos en todas partes, dicen). Se llama Juan y trabaja como mozo en un hotel. Después de un par de copas de vino, empezamos a hablar de política.

Creo que es una de las primeras veces que me encuentro con un peronista en el tan antiperonista “primer mundo”. Pero este no es un peronista de siempre, de tradición familiar o convicción temprana. Es, por el contrario, un converso. ¿Existen en estos tiempos de polarización despiadada los conversos?

Juan complejiza el asunto. Sus padres son de derecha, complacientes con la última dictadura militar. Él también era de derecha hasta hace muy poco; por herencia, y otro poco porque así lo creía. Sin embargo, en los últimos meses cambió de parecer. “Empecé a ver que algunas cosas que decía Milei eran contradictorias, o que sus políticas ya habían fracasado antes”, me explicó ante la mirada reprobatoria de su jefe, que carga bandejas de un lado a otro mientras conversamos.

La charla con Juan me hizo pensar en todos aquellos ciudadanos que, a pesar de estar sufriendo la motosierra libertaria, siguen confiando en Milei. Guardo algunos ejemplos en la memoria: hombres de entre treinta y cuarenta años entrevistados en la estación de tren de Constitución; laburantes del conurbano. “Me quedé sin trabajo”, “no llego a fin de mes”, “la situación está muy difícil”, confiesan, antes de asegurar que “hay que darle tiempo (a Milei)”, o que “ya encontrará la solución”. Me gustaría saber qué diferencia a Juan de sus compatriotas. Juan dijo que su novia lo ayudó a entender… “Es trabajadora social, recibida en la UBA”, afirmó.

¿Será Juan el primero de varios conversos? No necesariamente al peronismo, sino a un estado de mayor conciencia sobre lo que sucede. Es inquietante que un país se destruya sin que eso se advierta, sin que se genere algún tipo de resistencia. Sin embargo, la historia prueba que es absolutamente posible; mientras que la literatura ha dado muestras tan brillantes como desesperantes. Un buen ejemplo es la premonitoria novela que escribió el norteamericano Don DeLillo en 1989. White Noise en inglés, Ruido de fondo en castellano.

La historia está narrada en primera persona por un profesor de historia especializado en Hitler —un departamento creado menos por iniciativa académica que por razones económicas—. El hombre, Jack Gladney, vive con su mujer y una familia ensamblada en una pequeña y próspera ciudad universitaria del Medio Oeste.

Sus diálogos son filosos, cuestionadores, en cierto punto conscientes, pero así y todo no se alejan del clima social predominante: un clima en el que el consumo es el único fundamento de la existencia. Así relata el protagonista una visita a un gran supermercado, al que es arrastrado por su familia con un entusiasmo delirante: “Siempre había un nuevo almacén al que acudir. Tres plantas, un sótano lleno de ralladores de queso y cuchillos de mondar. Compraba con imprudente abandono. Compraba pensando tanto en necesidades urgentes como en contingencias distantes. Compraba por comprar…”.

En ese derrotero de supermercados, almacenes y locales de productos al que acuden con frecuencia, todo parece seguir su curso sin mayores contratiempos. La vida se desarrolla en piloto automático, de acuerdo a guiones preestablecidos; cuando el consumo entra en pausa, la televisión se vuelve el principal catalizador de la atención. Solo escaramuzas domésticas —un niño que se cae de un árbol, un seminario que no reunió tantos alumnos como esperaba— pueden alterar la calma.

Hasta que un ferrocarril que transporta mercancías peligrosas descarrila y provoca una inquietante catástrofe química en la región. La población se ve obligada a reaccionar de manera urgente. La pregunta que plantea la novela, entonces, es si podrán desentenderse del consumo narcotizante para salvar sus vidas.

Cuando la familia protagonista decide abandonar la ciudad ante la llegada de una nube tóxica, se produce esta escena: “En uno de los almacenes de mobiliario se anunciaba una promoción de lujo. Tras el extenso y bien iluminado escaparate, varios hombres y mujeres nos miraban con expresión de curiosidad, despertando en nosotros la sensación de ridículo del turista que todo lo hace mal. ¿Qué hacían tan tranquilos comprando muebles mientras nosotros avanzábamos lentamente y consumidos por el pánico a través de una tormenta de nieve?”

En un barracón de la Cruz Roja al que llega la familia, la historia continúa entre disquisiciones sobre la muerte y el sentido de la existencia. Pero todo es apenas el decorado de una forma de vida tan instalada que ni siquiera una catástrofe química puede desarmar. Es el ruido de fondo de una sociedad aturdida, ensimismada, incapaz de pensar y tomar decisiones. Un estado mental en el que la inminencia de los vómitos, las convulsiones y los problemas respiratorios —prólogo de la intoxicación final— resultan secundarios.

Juan regresa al trabajo para evitar otra mirada furibunda de su jefe. Yo pienso otra vez en los laburantes argentinos que no advierten el peligro de otra crisis económica. ¿Es el consumo narcotizante?, me pregunto. La respuesta parece ser no. En Argentina, los salarios no alcanzan, la inflación no cede y consumir es una aspiración frustrante. En la novela de DeLillo, al menos, el consumo era un acontecimiento: implicaba trasladarse a un sitio, interactuar con vendedores, pagar, cargar la mercadería en el auto y, finalmente, consumirla.

Hoy ni eso. El consumo es simbólico. Nos alimentamos de imágenes: Instagram, TikTok, WhatsApp, memes y medios que elaboran noticias a medida. Nobleza obliga a reconocer que, mientras la sociedad norteamericana caía en una “fiebre alimenticia”, los argentinos quizá no engordemos necesariamente…

Horas antes de decidir subir a sus hijos al auto y huir, el protagonista reflexiona sobre quiénes sufren verdaderamente una catástrofe: “La sociedad está organizada de tal modo que son los pobres y los analfabetos quienes sufren el impacto principal de las catástrofes naturales y artificiales… ¿Has visto alguna vez a un catedrático remando en un bote a lo largo de su propia calle cuando han salido inundaciones en televisión?”

Más que interpelar al laburante que ve su vida desmoronarse sin entender por qué, esa reflexión apunta a la clase media y media alta argentina. El ciudadano medio de Palermo, de Villa Allende en Córdoba o de un barrio cerrado en la Patagonia puede creer que la destrucción de industrias, la desfinanciación de la universidad o del sistema científico no lo afecta. Pero basta recordar los 90 para entender que la destrucción no distingue entre clases ni barrios.

Cuando llega el momento de pedir la cuenta, Juan comenta que tarde o temprano volverá a Argentina. Quiere ahorrar unos miles de euros. “En Argentina eso es imposible ahora”, dice. ¿Lo será en el futuro? Milei no duda en repetir que solo nos espera el éxito y la prosperidad. Mientras tanto, cientos de videos de famosos en Navidad inundan mi feed; los medios informan sobre la aprobación del presupuesto, un hombre que mató a su vecino por tirar fuegos artificiales y alertas por temperaturas extremas.

Dejo el bar ya de noche. Las nubes descienden sobre los techos entre destellos de luces comerciales y del alumbrado, mientras la nieve cae copiosamente. Todo parece natural, aunque llegado el caso no podría descartar que se trate de una nube tóxica.

AF/MF